El proyecto se encuentra en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña y bajo estudio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las casas chorizo, típicas construcciones habitacionales de principios del siglo XX, son parte de la identidad del barrio porteño de Palermo. En tanto, el mes pasado, un proyecto de ley impulsado por los vecinos y vecinas fue presentado en la Legislatura de la Ciudad para modificar el Código Urbanístico (CUR), sancionado en 2018, con la finalidad de proteger este tipo de inmuebles, detener la modificación del patrimonio del barrio, acotar las capacidades constructivas y reclamar más regulaciones en la ocupación del espacio público.
“La tiraron”, fue lo que expresó Andrés Serebrenik, vecino de Palermo desde hace más de 20 años, cuando se encontró sobre la calle Soler con un lote vacío en el lugar en el que hace menos de dos semanas existía una casa de 1917. Asimismo, dos árboles habían sido también arrancados de la vereda. A la vez, en el barrio de Palermo abundan los terrenos baldíos, otros tapiados para nuevos desarrollos, y también construcciones en altura.
En tanto, los vecinos y vecinas agrupados en la organización “Palermo resiste” denominaron los cambios derivados de la entrada en vigor del nuevo código como una “mutilación de la fisonomía barrial”, el Gobierno de la Ciudad los caracteriza como “desarrollo urbano” y en el CUR se habla de “mixtura de usos”; o sea un área residencial en la que los ciudadanos conviven con comercios de bienes y servicios.
No obstante, el colectivo barrial enfatizó que no pretende poner freno a la evolución de la Ciudad ni estar en contra de los comerciantes, indicó que su finalidad es “orientar el crecimiento equilibrado y sostenible al densificar y mixturar los usos en los corredores de mayor capacidad ambiental, aunque preservando pulmones residenciales que garanticen una mejor calidad de vida”.
“Pedimos que haya transicionalidad en las alturas. Que en las cuadras linderas a las avenidas se pase de poder construir 24 a 14 metros; y que en el interior del barrio se baje de 14 a 9 metros. Además, solicitamos que se respete el pulmón de manzana”, comunicó Serebrenik, integrante de “Palermo resiste”.
Paralelamente, los vecinos proponen consolidar las alturas pautadas para las avenidas solamente en las parcelas frentistas, pero, al interior del barrio, bajar la altura de construcción de manera paulatina. “En mi casa, a las 14 ya no tengo agua. Si no pongo una bomba, no hay hasta la madrugada”, comunicó Serebrenik , quien denunció que la falta de planificación deterioró también los servicios públicos de todo el barrio.
En la iniciativa de ley, el reclamo se reflejó en la demarcación de dos polígonos en los que los vecinos indican que se concentra “un alto nivel de preocupación y demanda ciudadana”. En tanto, el sector A está delimitado por las avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz, y las calles Godoy Cruz y Guatemala; y el sector B tiene como perímetro las avenidas Córdoba, Scalabrini Ortiz y Coronel Díaz, y las calles Guatemala y Paraguay.
El proyecto impulsado por los vecinos fue presentado formalmente por la legisladora Claudia Neira, del Frente de Todos, y se encuentra en la Comisión de Planeamiento Urbano, donde tramita con el número 1242-2023.
“Se pidieron informes técnicos a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño. Una vez que lleguen esos resultados se tomarán las correspondientes determinaciones”, comunicó el diputado Daniel Del Sol (Vamos Juntos), presidente de esa comisión.
Asimismo, Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, manifestó: “Se ha recibido el proyecto, se está analizando y, cuando tengamos la respuesta técnica, se la comunicaremos a la comisión. Todavía no hay nada definido porque recién llegó. Tendrá el mismo tratamiento que todos los proyectos de ley”.
En tanto, en Malabia y Gorriti antes existía una casa antigua de dos pisos con balcones, aberturas alargadas y una fachada con ornamentaciones estilo art decó. Actualmente, en esa misma esquina, una construcción en altura existe junto a inmuebles residenciales de un máximo de tres pisos y establecimientos comerciales.
Asimismo, Jacinto vive hace 20 años en Gorriti al 4600, a una casa de por medio de la nueva construcción. “No nos dejan ver el cielo”, lamentó sobre el avance de los edificios. “No soy parte de la agrupación de vecinos, pero coincido con ellos. La transformación del barrio es total”, finalizó.
“Compramos el terreno baldío por inmobiliaria hace aproximadamente dos años. Vamos a hacer unidades de vivienda o de trabajo. Va a tener siete pisos y está proyectada para terminarse en alrededor de un año. No tuvimos que pedir excepciones, todo quedó contemplado dentro del Código Urbanístico”, expresó el arquitecto Sergio Kulesz, desarrollador del nuevo proyecto.
Asimismo, las leyes 2548 y 3056, de 2007 y 2009 respectivamente, obligaron al Ejecutivo de la Ciudad a evaluar el valor patrimonial y arquitectónico de inmuebles anteriores a 1941, así como de aquellos contemplados en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural en la cateloría “Edificios Representativos”, o que hayan sido galardonados con un premio de arquitectura. Paralelamente, entre 2008 y 2015 el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado por especialistas que representan a trece instituciones y presidido por la directora general de Interpretación Urbanística de la Ciudad, estudió todas las construcciones con estos criterios, un total aproximado de 104.000 en los diferentes barrios porteños.
A la vez, Marina Vasta, gerenta operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano del Gobierno de la Ciudad, explicó los tres criterios para determinar la protección patrimonial de un inmueble. “Que tenga valor urbanístico ambiental (singularidad para el entorno), estético arquitectónico y/o histórico testimonial (que allí haya vivido o haya acontecido un evento de relevancia histórica)”, indicó la funcionaria. No obstante, aclaró que si solo responde al criterio histórico patrimonial no se protege. “Debe estar acompañado de valor arquitectónico y urbanístico”, detalló.
Asimismo, Vasta indicó que, para que se puedan poner en consideración inmuebles que no aplican a los criterios de las normas 2548 y 3056, el propietario debe presentar un proyecto de ley en la Legislatura. Así, luego de solicitar los informes técnicos específicos, la Dirección de Patrimonio de la Ciudad evalúa la solicitud.
En tanto, para poder demoler un inmueble, se inicia un expediente de solicitud de demolición en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Allí, se chequea con la base patrimonial y se identifica en qué estado está. En caso de que ya fuera evaluado por el CAAP, se identifica cuál fue la resolución y se procede o se frena la demolición. Así, si no fue evaluado, se avanza para brindarle una respuesta al solicitante.
