Un sector de vecinos organizados reclaman mayores controles ante el crecimiento de establecimientos textiles sin habilitación, y además que el tránsito de camiones de gran porte, aumentan el riesgo de incendios y alteran la identidad del barrio.
Los Vecinos del barrio de Flores se suman a los reclamos contra el nuevo Código Urbanístico de 2018. Trata sobre la zona comprendida por el polo textil que genera tránsito de camiones y peligro de incendios por lo precario de los depósitos.
Asimismo, desde hace años, los vecinos de la zona norte del barrio de Flores vienen denunciando acerca de los cambios producidos a raíz del nuevo Código Urbanístico votado por la Legislatura de la Ciudad en 2018. Solicitan mayor control por parte del Gobierno de la Ciudad.
En tanto, los vecinos efectuaron presentaciones ante el Consejo Consultivo de la Comuna 7, denuncias en comisaría y fiscalía, y reclamos al Gobierno de la Ciudad para que las inspecciones sean más estrictas, son algunas de las acciones que llevaron a cabo los ciudadanos agrupados bajo el nombre “Recuperando Flores Norte”. La finalidad es proteger la identidad del lugar, reconquistar la calma que alguna vez lo caracterizó y preservar el barrio de catástrofes.
No obstante, indican que el avasallamiento de la ley por quienes ejercen la actividad comercial en la zona, en su mayoría en talleres y depósitos textiles, es constante y resaltan que no respetan las normas básicas de convivencia. En tanto, desde hace más de 15 años, la expansión indiscriminada y fuera de control de las actividades llevadas a cabo en este polo textil ha destruido la fisonomía del barrio residencial, obligando a muchos vecinos a mudarse y vender sus casas a precios que se han desvalorizado.
Por otra parte, la falta de control por parte del Gobierno hace que la profundización de este tipo de actividades se expanda sin control, demoliendo casas tradicionales del barrio (incluida la de Alfonsina Storni en Terrada al 500), cubriendo el barrio de depósitos textiles con una altísima carga de fuego, tránsito de infinidad de camiones y transportes de todo tipo, incluyendo camiones porta contenedores que no se encuentran habilitadas para circular en este sector del barrio.
Por otro lado, la multiplicación exponencial de permisos de construcción para obras que no deberían llevarse allí se ampara en “exenciones” difíciles de encontrar, supuestamente amparadas en el nuevo Código Urbanístico. “En esta zona, no hay control de Agencia Gubernamental de Control, ni de la Dirección de Tránsito, ni de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), ni del Ministerio de Trabajo, AFIP, Aduana, ni nada. El Gobierno de la Ciudad está ausente para los vecinos del barrio”, comentan los vecinos.
Asimismo, los vecinos están solicitando la derogación inmediata del nuevo Código Urbanístico para evitar más construcciones, la revisión del código y volver a la zonificación que existía antes del año 2000 que era un barrio Residencial R2 (hoy zona de equipamiento urbano).
A la vez, solicitan la modificación en el Código Urbanístico, sancionado en diciembre de 2018, de forma tal de modificar la definición de “mixtura de uso”, en el cuadrilátero delimitado por la calles Caracas, Yerbal, Cuenca y Av. Gaona. Por otra parte, es necesario el control de todos los depósitos, locales y casas de ocupación irregular relacionadas al negocio textil.
A la vez, Ariel, vecino de la zona, comenta que “esto es el resultado de la falta de planificación por parte del estado porteño. No hubo una mirada a largo plazo, y no se tomó en cuenta la opinión de los vecinos. Esto es algo generalizado y no solo pasa aquí en Flores Norte con la actividad textil, también pasa con la industria inmobiliaria, el transporte, los servicios, etc. Se quiere copiar un modelo europeo, en una ciudad que es completamente distinta a aquellas”.
“Es función del Gobierno de la Ciudad proteger a los vecinos de los peligros que se potencian con este tipo de actividades, que cada vez aumenta sin ningún tipo de regulación o control: incendios que llevaron a muertes de niños, inseguridad, riesgo constante de las escuelas ubicadas próximas a depósitos, cortes de energía constantemente, trabajo esclavo en supuestos depósitos que operan como fábricas, evasión impositiva, destrucción patrimonial, contaminación sonora, quita de arbolado, basura toxica en las calles o desagües y la consecuente contaminación ambiental”, finaliza Ariel.
En tanto, Guillermo, otro vecino, comenta que “venimos sufriendo hace mucho tiempo el avance descontrolado de la actividad comercial / textil con la instalación de talleres clandestinos, grandes depósito y el tránsito de camiones de gran porte por la calles barriales. Todo esto ha degradado sustancialmente la vida de los vecinos. Lo más triste es que todo esto se está haciendo fuera de la ley y de las normas vigentes. Es por eso que reclamamos que se efectúen las inspecciones y clausura de los locales en infracción”.
Asimismo, Karina, otra vecina, piensa que a partir del cambio del código urbanístico, “las compras de las propiedades de la zona a fines de explotación comercial se incrementaron terriblemente a tal forma de casi desaparecer una cuadra de casas. Se fueron demoliendo una tras otra para instalar galpones que rápidamente se fueron convirtiendo en depósitos de telas, entre otras cosas. Las calles se vuelven más oscuras, más sucias y los contenedores residenciales se encuentran repletos de telas”.
“El Gobierno de la Ciudad no hizo nada en estos 14 años por nuestro barrio. Lamentablemente, ni el presidente de Junta Comunal 7, el ingeniero Federico Bouzas, ni los comuneros del PRO nos acompañaron con sus reclamos. En cambio, tuvimos apoyo del miembro de la Junta Comunal 7, Julián Cappa, y de la legisladora de la Ciudad, Berenice Iañez, que nos explicaron el alcance del nuevo Código Urbanístico”, finalizan los vecinos del barrio.
