La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una normativa propiciada por el ejecutivo porteño a los efectos de hacer más lento el proceso de los amparos contra su gestión de gobierno.
La moderna ley “supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad», alertaron en un documento diecisiete de los veintiuno jueces. A pesar de todo, y a raíz de la mayoría oficialista, la propuesta avanzó y se convirtió en ley.
La Legislatura de la Ciudad aprobó una iniciativa que reforma la normativa del amparo y el código del fuero contencioso y administrativo, que ataña a las causas contra el ejecutivo de la CABA. Con la moderna ley se incorpora la intervención obligatoria de los fiscales, supervisados por Juan Mahiques, en gran parte de las instancias del proceso. De esta manera, se retrasa en los hechos el normal procedimiento de las causas y los amparos.
Frente al avance de la proyecta diecisiete magistrados, de los veintiuno y cinco camaristas se habían expresado en contra y firmado una carta dirigida al presidente de la Comisión de Justicia, Martin Ocampo, la que plasmaba su preocupación. Organizaciones de Derechos Humanos, tales como el CELS afirmaron que la reforma es «improcedente e inconstitucional». De todas maneras, el bloque Juntos por el Cambio posee mayoría dentro del parlamento porteño y votó su proyecto con treinta y seis votos a favor, contra diecisiete negativos.
En el fuero de la justicia, como la resolución que paralizó la venta de los terrenos de Costa Salguero, la modificación de la ley de amparo se entiende dentro del Poder Judicial como una respuesta. La iniciativa fue impulsada por el radical Martín Ocampo, exjefe de los fiscales con Mauricio Macri y exministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta. Establece que el Ministerio Público Fiscal tiene que intervenir de forma obligatoria «de forma especial» y «bajo sanción de nulidad» en los procesos que involucren obra pública, servicios públicos o bien en las que «a criterio del Ministerio Público Fiscal esté comprometido el orden público, el interés social o los intereses generales de la sociedad”.
«Quisiéramos destacar que el proyecto, en caso de ser aprobado, supone una limitación formal y sustancial en el ejercicio del Poder Judicial sobre el control y garantía de los derechos de los/las habitantes de la Ciudad», alertaron en su documento los magistrados Elena Liberatori, Andrés Gallardo, Fabiana Schafrik, Patricia López Vergara, Guillermo Schaibler, Pablo Mántaras, Hugo Zuleta, Marcelo López Alfonsín y Carlos Balbín, entre otros.
Por su parte, las organizaciones no gubernamentales Observatorio de Derecho a la Ciudad, FARN, INECIP, ACIJ y CELS enviaron otro documento a Ocampo donde expusieron que la decisión es «improcedente e inconstitucional». Alertaron que desequilibra la participación de los fiscales respecto a los defensores y los asesores tutelares. Y que la mediada concluirá por tornar más lentas a las causas judiciales. «Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas», subrayaron.
