El municipio de La Matanza posee un reclamo de una deuda que data de hace muchos años y parece haber tomado protagonismo en los últimos tiempos, donde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría un nuevo frente abierto.
La localidad encabezada por el histórico intendente Fernando Espinoza requiere a la justicia el pago efectivo de una deuda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que asciende a más de cien mil millones de pesos, a raíz de una “deportación de pobres” que comenzó en épocas de la dictadura cívico-militar.
El Gobierno porteño se notificó en las últimas horas de lo nuevo en relación al pleito con el municipio de La Matanza, dirigido por el histórico intendente Fernando Espinoza, el que exigió a la justicia el pago de una “deuda histórica” que alcanza a más de cien mil millones de pesos, como consecuencia de una “deportación de pobres” que comenzó décadas atrás, más precisamente en durante la dictadura cívico militar con las relocaciones de las asentamientos porteños en terrenos fiscales de la Nación dentro de la Provincia de Buenos Aires.
El reclamo que propicia el ejecutivo de La Matanza se hizo en relación a las “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano”, a posteriori de lo que fue el gran traslado de las villas de la C.A.B.A. a su jurisdicción.
“Es una larga historia de privilegios de la Ciudad, que incluye ignorar una deuda económica millonaria con La Matanza por una masiva deportación de pobres”, afirman desde esa municipalidad que tiene un gran caudal de habitantes dentro del conurbano bonaerense.
“La transitoriedad hizo que no se edificaran viviendas dignas, que no haya una planificación urbanística, que no se midieran impactos ambientales, que no se los dotara de servicios básicos indispensables, que se colapsaran los accesos y que se desnaturalizara el entorno”, argumentaron desde el municipio.
En ese marco, afirman que a pesar de que el territorio porteño es hace veintiocho años autónomo, sus diferentes gobernantes “miraron hacia otro lado cuando se les reclamó la deuda”.
“La ciudad más rica del país se niega a pagar las deudas que tiene con un municipio cuyo presupuesto es casi 40 veces menor y elude asumir el costo socioambiental que provocó la apresurada e insensible mudanza obligada y llena de mentiras para sus vecinos pobres del sur”, concluyeron en su contacto con la prensa de la Ciudad.
