Actualmente, los trabajadores autogestionan la fábrica de tapas de empanadas desde el año 2015, cuando el dueño anterior fue a quiebra. En tanto, la Justicia exige que dejen el local, luego de negarles la posibilidad de comprar el establecimiento y las maquinarias con el dinero que les adeudan por sueldos e indemnizaciones.
Asimismo, la fábrica de tapas de empanadas y tartas La Litoraleña, recuperada por sus trabajadores en 2015, se encuentra en peligro de ser desalojada. Por otro lado, en el juicio por la quiebra de la empresa, que fue iniciado ese año para abonar las deudas generadas por el antiguo dueño; la Justicia les negó a los trabajadores el derecho a comprar las maquinarias y el local con sus créditos laborales, o sea con las indemnizaciones y sueldos que el ex patrón les adeuda. Ante esta situación de perder la fuente de trabajo, los integrantes de la cooperativa convocaron a un plenario abierto el próximo miércoles, en la sede de la empresa recuperada, situada en Girardot 345, en el barrio porteño de Chacarita.
Hoy día integran la cooperativa 50 trabajadores. “Recuperamos La Litoraleña en 2015. Nos debían meses de sueldos, además de indemnizaciones por despido. Cuando la empresa quebró, pedimos quedar a cargo de la fábrica para evitar su cierre. Conseguimos esa continuidad laboral después de muchas dificultades, porque la jueza de primera instancia, Valeria Pérez Casado, inicialmente se negó y tuvimos que reclamar en la Cámara. Ese mismo año votamos no cobrar nuestros créditos laborales – las indemnizaciones y salarios caídos – sino destinarlos a comprar las instalaciones, pero la jueza se opuso. En el 2020 pidió el desalojo. Apelamos y la Cámara nos falló en contra. Volvimos a apelar para llegar a la Corte Suprema. Finalmente, la semana pasada la Cámara rechazó ese pedido. Hoy no nos queda ninguna instancia judicial a la que recurrir”, indicó Fabián Pierucci, presidente de la cooperativa.
Por otro lado, ante el riesgo de desalojo, diputados del Frente de Todos presentarán un proyecto de expropiación. El proyecto es impulsado por Claudio Morresi, que días atrás visitó la fábrica para llevar su apoyo a los trabajadores. No obstante, en la Legislatura existe mayoría de Juntos por el Cambio, por lo que la cooperativa necesitará reunir respaldos más extensos para defender los puestos de trabajo.
En tanto, la jueza Pérez Casado, en un fallo que fue avalado por la Cámara de Apelaciones, dio por culminado el período de continuidad laboral de la cooperativa en 2019, y le reclamó el pago de un alquiler que los trabajadores, debido a la pandemia, no pudieron cubrir. O sea que su argumento es que el plazo para que gestionaran La Litoraleña se encontraba vencido.
Asimismo, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Gabriela Boquín, apoyó a los trabajadores. En tanto, la fiscal argumentó que la reforma de la Ley de Concursos y Quiebras dispone que cuando una empresa quiebra la prioridad es conservar las fuentes de trabajo, así como a los bienes productivos dentro de la economía, evitando el impacto económico social de un cierre definitivo. Por otro lado, los puestos de trabajo son un bien a proteger , es decir, un bien no sólo para los trabajadores, sino para la sociedad ; por ello los créditos laborales de las cooperativas de trabajo deben tener prioridad frente al resto de los acreedores. Paralelamente, la alternativa tradicional de enviar una fábrica a remate para que los acreedores cobren sus deudas no debe ser la primera a seguir.
A la vez, la fiscal detalló en su dictamen que los trabajadores tenían, en agosto de 2021, créditos laborales a su favor por 116 millones de pesos. Asimismo, según los dichos de los integrantes de la cooperativa, la deuda total que se verificó en el expediente en el 2015 fue por 130 millones de pesos entre proveedores, la AFIP y salarios pendientes. “Somos los mayores acreedores, y como trabajadores somos acreedores privilegiados; con la masa salarial adeudada queremos comprar las máquinas, el edificio, los camiones; nos están negando ese derecho”, indicó Pierucci. “Quieren en cambio desarmar la unidad productiva y que, en todo caso, con lo que nos toque vayamos al remate a comprar lo que podamos, con la fábrica desguazada”.
Por otra parte, aunque la jueza de primera instancia mantuvo que la cooperativa no presentó una oferta de compra, la fiscal Boquín aclaró que en el expediente los trabajadores presentaron una solicitud expresa de comprar las instalaciones y máquinas con sus créditos laborales.
En tanto, La Litoraleña no sólo es la fuente de trabajo para 50 familias, sino que en sus ocho años de autogestión creó el programa fábrica de puertas abiertas, destinado a alumnos de colegios técnicos; estudiantes universitarios de ingeniería industrial llevan adelante prácticas en sus instalaciones; trabajadores de la cooperativa dan clases de economía social en el bachillerato popular Casa Abierta, del barrio Mugica. Por otro lado, los productos de La Litoraleña son parte de las redes de comercialización alternativa que intentan abaratar los precios de la canasta alimentaria básica.
