La CTA porteña solicita la renuncia del funcionario después de conocerse una denuncia por persecución en materia penal hacia el sindicato de los docentes.
La sede de la Ciudad de Buenos Aires perteneciente a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) alertó que «el Gobierno de la ciudad continúa el ataque a los docentes»; expresó que quién está al frente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, fue citada a brindar declaraciones por parte de la justicia por «hechos gremiales» y pidió la renuncia del fiscal general Juan Mahiques.
«El Jefe de Gobierno y su ministra de Educación, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, continúan escalando su ataque. A las declaraciones ofensivas, ahora, se sumó la persecución penal a una treintena de docentes, entre ellos Graciano», indicó la CTA, conforme indicó la agencia estatal Télam.
Un documento de la central sostuvo que el Ministerio Público Fiscal los notificó a los efectos que se presenten «de forma obligatoria» a una audiencia pública por pedido de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 7, y les solicitó «la presencia de un abogado patrocinante por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en una protesta gremial».
En el marco de una medida de fuerza, los empleados rechazaron entonces «la violación del Estatuto Docente mediante la fraudulenta designación de cargos», pero en esa oportunidad el Ejecutivo «dio marcha atrás y reconoció la legalidad del reclamo», soslayó.
«Pero las acciones judiciales iniciadas por Rodríguez Larreta y Acuña continuaron, y fueron acompañadas por sumarios administrativos a 33 trabajadores. Ese disciplinamiento continúa ahora con la represalia judicial y la citación de docentes y dirigentes», aseguró.
Según la CTA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es «un aguantadero que otorga cobertura a funcionarios que debieron renunciar en otras jurisdicciones a partir de sus pésimas gestiones, como el fiscal Juan Mahiques, implicado en una red de espionaje y armado de causas».
«Si el jefe de los fiscales de la ciudad está implicado de ese modo, nadie puede sentirse a salvo, por lo que la CTA exige su renuncia al cargo de fiscal general», enfatizó el documento.
Eduardo López y Alejandro Gianni, funcionarios de la CTA en la CABA, rechazaron «la criminalización de la protesta» y repudiaron «la persecución política y gremial de quienes defienden sus derechos», y aseguraron que «la UTE denunció en su momento el marketing del Gobierno metropolitano y el fracaso de sus burbujas educativas sin estudiantes».
