La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció graves ausencias en el registro de la Deuda Pública. Un dictamen elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires pone de manifiesto ciertas falencias en los sistemas informáticos que registran y administran la Deuda Pública de la Capital Federal.
Un dictamen confeccionado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –AGCBA- pone en evidencia ciertas falencias en los sistemas informáticos que registran y administran la Deuda Pública de la C.A.B.A. Conforme al dictamen, al no encontrarse integrada la información, ni los procesos productivos en relación a la administración del Crédito Público con los sistemas de administración financiera del Estado (SIGAF/SIGAF Web), no se respeta lo establecido en la Ley de Administración Financiera (Ley N° 70), y con lo normado en el Decreto N° 1000/1999 GCABA en cuanto a la registración de la Deuda Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
La información no precisa e inaccesible parecería ser la regla para aquellos que intentan hurgar en los números de la deuda pública del territorio porteño. Un nuevo dictamen aprobado por unanimidad por la Auditoría General de la Ciudad, con mayoría miembros del oficialismo porteño, pone de manifiesto graves falencias en los sistemas informáticos de la Dirección General de Crédito Público, en la que la información se almacena en planillas de Excel. “(Horacio) Rodríguez Larreta administra la deuda pública en sistemas obsoletos e incompletos, que impiden a los organismos de control y a la ciudadanía acceder a información confiable”, indicó Lisandro Teszkiewicz, auditor por la oposición. En tanto, la Legislatura de la Ciudad solicitará en los próximos días explicaciones al Ministerio de Hacienda y Finanzas local, cuyo titular es Martín Mura.
La auditoría informática que su fin es evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas de registro y administración de la deuda pública del territorio porteño se aprobó en el mes de noviembre del año pasado aunque se refiere al período de dos mil diecinueve y comenzó junto con la emergencia sanitaria en el mes de marzo de dos mil veinte. Los graves cuestionamientos de sus conclusiones son esencialmente significativos si se tiene en cuenta que se aprobó por unanimidad y que cinco de los siete auditores pertenecen a la coalición Juntos por el Cambio (Pablo Clusellas y Daniel Presti, del Pro, Raquel Herrero y Mariela Coletta, de la UCR, y Juan José Calandri de la Coalición Cívica).
“Las funcionalidades del módulo ‘Crédito público’ del SIGAF Web (sistema de administración financiera del Estado) desarrollado por la DGUIAF (Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera del Gobierno porteño) no cumplen con los requisitos necesarios para lograr la administración del Crédito Público por parte del área usuaria, la Dirección General de Crédito Público”, es la primera observación que hace la auditoría. “Ese módulo se desarrolló de manera incompleta y sin abarcar todas las prestaciones requeridas”, agrega.
Dice: “al no encontrarse integrada la información, ni los procesos productivos referidos a la administración del Crédito Público con el aplicativo SIGAF/SIGAF Web, no se ciñe por completo a los prescripto por la Ley 70 (de Administración Financiera)” ni con el decreto 1000/1999 acerca de la registración de la deuda pública en territorio porteño. Alerta que no existen planes formales ni informales para subsanar esas irregularidades y que “la información del Crédito Público se encuentra en su totalidad en planillas de MS Excel”, que “no es la herramienta tecnológica adecuada e implica debilidades en cuanto a la seguridad e integridad de la información”.
“Con millones de pesos invertidos en sistemas, se llenan la boca hablando de BOTI y ¿usan Excel para registrar la deuda pública? ¿Esta es la registración correcta de la deuda que tenemos todos los porteños?”, se cuestionó Teszkiewicz. “Sólo ellos pueden descifrar y leer los datos. Al no tener un sistema seguro e integrado, el resto de los porteños no podemos saber con seguridad a quién le debemos y cuánto”, subrayó el titular, y ahondó que en los hechos se termina “confiando en lo que nos dicen personas puesta a dedo”. “Rodríguez Larreta no sólo es ineficaz en la ejecución de la política financiera, sino que lisa y llanamente administra la deuda pública en sistemas obsoletos e incompletos, que impiden a los organismos de control y a la ciudadanía acceder a información confiable”, denunció. “Endeudaron al país para que sus amigos fuguen capitales y no son capaces de controlar de manera eficiente la deuda de la Ciudad”, finalizó.
Por su parte, el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Matías Barroetaveña señaló que la deuda en dólares en el distrito más rico de la República Argentina asciende a los 2500 millones. “Cuando Macri asume en 2007 la Ciudad tenía cerca de 500 millones de dólares de deuda. Ese número llegó a sextuplicarse, hasta 3.000 millones, aunque Rodríguez Larreta, a contramano de lo que hacía Macri en la Nación, aprovechó esa gestión para desdolarizar parte de su deuda, que quedó en 2500 o 2600 millones”, dijo a la prensa. “Por otra parte, los intereses de esa deuda, que en 2007 representaban el 0,8 por ciento del presupuesto, hoy representan el 8 por ciento, alrededor de 70.000 millones de pesos”, detalló.