Hace tres meses atrás el Gobierno de la Ciudad reguló el uso de los teléfonos celulares en clase. Cómo se están llevando a cabo los cambios propuestos.
Aproximadamente hace tres meses el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la regulación del uso de celulares en las aulas porteñas: prohibidos en el nivel primario y limitados en el nivel medio. La resolución del Ministerio de Educación bajó a las escuelas y desde entonces los docentes abordan esta situación con la que, en algunos casos, ya venían trabajando a nivel institucional. En tanto, afirman que la regulación es necesaria para evitar el uso «adictivo» del aparato que obstruye la capacidad de atención en clase, aunque no alcanza para abordar integralmente una problemática que excede las paredes del colegio: la dependencia del celular, afirman, está sostenida en el sobre estímulo del entorno digital en el que los chicos viven diariamente.
A la vez, la palabra «adicción» se repite en todos los testimonios docentes. Silvina Pascucci, profesora de historia de la Escuela N°4 Nicolás Avellaneda, explica que la situación en su colegio se profundizó tras la pandemia: «El celular estaba permanentemente en la mano de nuestros estudiantes y se hacía imposible dar una clase. Lo usaban para las redes sociales, WhatsApp, Youtube o jueguitos. Pero para comprender un texto, por ejemplo, hace falta el cien por ciento de la atención y el trabajo intelectual que implica el aprendizaje no sucede si esa atención no está», comenta.
«Hay chicos que dan cuenta de un problema para despegarse del aparato», manifiesta en el mismo sentido Martín Pérez Antelaf de la Escuela Rodolfo Walsh de Villa Pueyrredón, que agrega que «lo usan particularmente para evadirse de la clase, en especial cuando tienen un mal día, y la mayoría de las veces sin aval del profesor». En su caso, como en muchos otros, la problemática ya venía siendo abordada desde mucho antes de la bajada ministerial.
En tanto, el docente cuenta que todos los años, al iniciar el ciclo lectivo, comunica a los alumnos y sus familias una serie de pautas que incluyen el no uso de celulares en las aulas, a excepción de instancias pedagógicas indicadas por él como lecturas específicas de documentos en el caso de que no se hayan impreso. En tanto, Antelaf, delegado e integrante de la Secretaría Gremial de Ademys, afirma que de ese modo suele tener éxito ya que apela «a un tipo de construcción que genere confianza para que se pueda pedir que guarden el celular, más allá de que exista una ley o no».
Al mismo tiempo, es que la resolución del ministerio, como toda normativa, llegó para trabajar con una problemática ya existente, con la que muchos colegios y docentes en particular, venían trabajando con distintos resultados. Asimismo, es el caso de Virginia Rodríguez, profesora del Lengüitas. A la vez, cuenta que antes de que existiera la resolución, ya implementaba «límites en el aula porque pongo mucho énfasis en el diálogo, en leer textos, en tener el papel, en las lecturas colectivas, en las interpretaciones, los debates o la escritura». Por otra parte, le preocupa particularmente la pérdida de «la cuestión atencional», sobre todo en materias «que requieren esfuerzo y paciencia, algo muy contracultural en relación al tipo de narrativas que sostienen las redes sociales».
Al mismo tiempo, Josefina Luciana, docente e integrante de la Corriente de Trabajadores de la Educación (CTE) dentro de UTE, aborda el tema de la atención en el mismo sentido, al señalar que la problemática excede a lo que ocurre en el aula: «Los pibes hoy tienen una vida en el plano virtual a través de sus redes sociales y para ellos esa vida no se interrumpe porque ‘ahora es la clase’. Nuestro rol en ese sentido es poder decirles: ‘en este momento, en esta clase, en este espacio tan valioso de presencialidad, vamos a hacer otra cosa’. Proponer que pensemos, trabajemos, discutamos con respeto, etcétera. Probablemente no van a querer y no vamos a ser los profes más copados, pero no importa porque ese no es nuestro rol», dice.
Por otro lado, en las últimas semanas, el Ministerio difundió los resultados de una encuesta sobre diversos puntos de la actualidad del nivel secundario, entre los que se encuentra el uso de los celulares. De acuerdo a lo indicado, un 87,3 por ciento de los estudiantes encuestados sostuvo que usa el celular en la escuela, mientras que 25,4 por ciento indicó que redujo ese uso desde la aplicación de la normativa. Entre «los hábitos que más se modificaron», destaca que «prestan más atención en clase» -57,4 por ciento de las respuestas- algo que ratifican los docentes encuestados.
A la vez, la aplicación de las regulaciones, no obstante, varía de acuerdo a las escuelas y a las características del alumnado. Por otra parte, en el Nicolás Avellaneda, Pascucci cuenta que antes de la resolución no existía una bajada institucional sobre el tema, lo que complicaba la autoridad de los docentes que decidían limitar el uso del aparato. Allí, un grupo de docentes se organizó para intentar establecer un protocolo sobre la cuestión, tema que recién fue atendido luego de la decisión ministerial, que delega en las escuelas la capacidad de establecer el modo en que se aplicará la resolución en los distintos niveles.
«Llevamos una propuesta con una serie de puntos que implicaban que no se podía usar el teléfono. La leímos y la debatimos con los chicos con materiales que buscamos para reflexionar sobre el uso del celular y eso generó mucha concientización para que empiecen a dejarlo», cuenta Pascucci. La docente subraya que esos materiales fueron buscados por los propios docentes, punto que también refuerza Antelaf: «Lo que bajó del Ministerio fue la sugerencia de regulación, pero sin materiales o espacios para pensar específicamente esta problemática en la comunidad», indica.
Por otro lado, los docentes coinciden en que la cuestión debe ser trabajada más allá de la normativa y en un sentido integral, comprendiendo que la problemática excede a lo que ocurre dentro de las aulas. Pascucci afirma que la medida «mejoró» la situación, aunque «no está resuelto el problema», y que la resolución «es positiva si las escuelas pueden tomarla, desarrollarla y trabajarla». A la vez, Luciana plantea que la solución del tema «no puede ser una función que se le tire a la escuela mágicamente o que se pueda llegar a resolver con sanciones o sólo con restricciones, tiene que haber una invitación a liberarse del aparato por un rato y que ellos puedan sentir también la liberación que eso significa».
«Es un tema que atraviesa a la sociedad en general; a las familias que podrían tratar de limitar el uso en determinados espacios o momentos como la cena, la merienda o un rato en el fin de semana, pero también a niveles más grandes como el bar, el cine o la plaza. De esa manera los chicos van entendiendo que hay momentos y lugares para cada cosa. Que no sea ‘en la escuela no te dejamos, pero en el resto del mundo sí’. Tiene que ser el resultado de un cambio colectivo donde cada actor social cumpla su rol», finaliza.
