Por la mañana del día de hoy, se allanaron locales y comedores populares del Polo Obrero y del FOL, así como casas de sus integrantes. En tanto, la acusación es por “coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública”
Asimismo, la persecución y criminalización a la protesta empeoró hoy con la realización de 27 allanamientos a diferentes organizaciones sociales, que son las principales opositoras del gobierno de Javier Milei en las calles. En tanto, a días de la votación de la Ley Bases, la Policía Federal realizó allanamientos a locales, comedores populares y hasta algunas casas de integrantes del Partido Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie y Movimiento Evita. Las organizaciones fueron protagonistas de las manifestaciones en el barrio porteño de Congreso.
Sucedió hoy por la mañana, si bien no hubo detenciones, se secuestraron celulares y material administrativo de las organizaciones y 28 integrantes deberán declarar. La caratula de la causa 4489/2023 es “coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública”, es decir, que se las acusa de extorsionar a beneficiarios de programas sociales para que participen de manifestaciones y de vender al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social. La denuncia fue recibida mediante la línea 134 que habilitó el Gobierno para tal finalidad.
Al mismo tiempo, desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Charly Fernández, denunció: “Fuimos allanados, distintas organizaciones sociales, muchos militantes en nuestras casas particulares, en nuestros locales de organización, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros comedores populares. En el caso de mi familia, nos rompieron la puerta, me tiraron al suelo, nos encañonaron, todo durante la noche, donde estaban mis hijos durmiendo, buscaban dispositivos electrónicos, celulares y computadoras”.
Prosiguió: “Los argumentos que planteaba el allanamiento, era básicamente que el delito era ser parte de una organización, porque figuraba que estábamos dando comprobantes a quienes somos parte desde hace más de 20 años de cooperativas, de asociaciones civiles, que hemos formado todo tipo de organizaciones no gubernamentales y que tienen que ver con la asistencia comunitaria y con las redes de cuidados en los barrios populares, y con las redes de trabajo, quienes hemos impulsado emprendimientos productivos, de servicios y de trabajo para los sectores más postergados de nuestra clase trabajadora”.
Acerca del operativo, Fernández sostuvo que “fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, con agentes de inteligencia, donde hicieron un show que nos grababan y nos filmaban, claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un allanamiento para ver qué sucedía, y lo que tenía como objetivo principalmente era demostrarnos el poder que tienen, demostrarnos que ellos vienen a amedrentarnos, que lo que quieren hacer es que las organizaciones sociales no sigamos haciendo lo que hacemos, organizándonos, luchando, llevando adelante nuestros espacios de redes comunitarias, nuestros espacios productivos, nuestros espacios de trabajo, y no nos van a vencer, no nos van a doblegar con esto, no vamos a tenerle miedo, no le tenemos miedo a los narcos todos los días que salimos a luchar con trabajo y con redes de cuidado contra ellos, menos le vamos a tener a este gobierno injusto, a este gobierno que comete actos ilegales y desmedidos, como si estuviéramos en una dictadura militar, ni siquiera recordando los derechos democráticos básicos”.
“Entendemos que van a seguir con esta campaña de estigmatización, no hay ningún dirigente detenido, no hay ningún militante detenido, no hay ningún compañero o compañera detenido, pero sí lo que han demostrado es una campaña muy fuerte de apriete y de utilización desmedida de la fuerza hacia nosotros”, finalizó.
