El funcionario continúa en su lugar de trabajo, por su parte, las posibles víctimas fueron expulsadas. El Señor Diego Pimentel, se encuentra penalmente imputado por maltrato físico y acoso sexual en espacios privados de acceso público, agravados por su condición jerárquica y por ejercer la función pública.
Dos empleadas han denunciado al actual director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, por acoso sexual y laboral. Cuando los hechos se hicieron públicos, el Gobierno porteño abrió un sumario administrativo. “Él sigue trabajando como funcionario, no hubo respuesta institucional en relación a eso”, contó Jimena Gibertoni, abogada de las denunciantes e integrante de la Red de Abogadas Feministas, en diálogo con la prensa.
Pimentel, quien además es profesor titular en la Universidad Nacional de Arte y en la Universidad de San Andrés, está penalmente acusado por maltrato físico y acoso sexual en espacios privados de acceso público, agravados por su condición jerárquica y ejercer la función pública.
Dos mujeres lo han denunciado, pero una de ellas eligió no hacerlo público. Anahí de la Fuente, en tanto, optó por hablar. Es comunicadora, maquilladora profesional y performer, de 28 años. Luego de hacer la denuncia, fue echada según consignó la prensa, porque apenas el caso tomó trascendencia pública, fue expulsada del teatro San Martín, durante el mes de abril. A partir de ese momento, tuvo que rescindir el contrato del departamento que alquilaba e ir a vivir con su abuela, se encuentra en tratamiento psicológico y debe afrontar créditos para abonar lo poco que le cobran sus asistentes legales porque no posee ingresos.
La jóven manifestó que el funcionario la arrinconaba contra la pared -“como cualquier violento en una discoteca”-, la besaba en el cuello como si fuera un saludo normal o le hacía “masajes” sin permiso cuando ella estaba sentada en su escritorio. “Me daba miedo, tenía algo medio sado, me retorcía los brazos para atrás como si fuera a esposarme; a mi compañera la agarró del cuello hasta que gritó que la estaba asfixiando, me apretaba la cintura hasta hacerme doler”, denunció.
“¿Por qué no le dijeron que no?”, dijo “la mano derecha” de Pimentel luego de perseguir a Anahí conjuntamente con su compañera hasta dentro de su despacho y cerrar la puerta detrás de ella. Le podían embarrar la carrera a Diego, eso les refirió, les dejó en claro que no volvieran a hablar en público sobre el funcionario. “Mi compañera se había quejado al salir de la oficina de Pimentel de que encima que la manoseaba jamás había dicho una palabra sobre su trabajo”, dijo Anahí y continúo: “Mil veces dijimos que no, siempre, pero si explotamos en lugar de hablar antes era justamente porque temíamos que nos despidieran. Se lo dije a su asistenta, no es un tipo en una disco, es el director del Centro Cultural, se trata de asimetría de poder”.
Las mujeres se contactaron con la Red de Abogadas Feministas y se pactó enviar un telegrama al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro al Ministerio de Cultura y otro al Centro Cultural San Martín. El contenido pedía que les asignen otra labor para que se cese la violencia que estaban padeciendo. La respuesta la tuvieron mediante otro telegrama, firmado por Pimentel, con la resolución de rescisión contractual. Sus contratos habían sido renovados hacía menos de dos meses aproximadamente. De esta manera, iniciaron la denuncia penal. “Entiendo que el Ministerio no tiene que darme explicaciones a mí sobre lo que van a hacer con Pimentel, pero sí sobre mi situación laboral”, pidió Anahí.
El juicio penal se encuentra en proceso de pruebas. “Se presentaron testigos que acreditan el trato desigual de Pimentel con respecto de las empleadas mujeres. Su defensa se basa en presentar el caso como un conflicto laboral y en que no había contacto directo pero tenemos prueba suficiente para desacreditar esos testimonios”, contó Jimena Gibertoni, abogada patrocinante de las posibles víctimas.
