El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al juez Andrés Gallardo después de que el magistrado haya dispuesto la creación del Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas. Activistas sociales plantean que “no se puede equiparar, como pretende el Gobierno porteño, la continuidad pedagógica de quienes tienen internet y computadoras con quienes reciben un cuadernillo».
La gestión que conduce Horacio Rodríguez Larreta ha recusado al magistrado Andrés Gallardo después de que el juez sostuviera el lunes pasado en una resolución que el Ejecutivo de la Ciudad incumplió la medida precautoria que le exigía garantizar computadoras e Internet a la totalidad de los estudiantes en condición de extrema vulnerabilidad social a los efectos de que pudieran continuar con la educación a distancia durante el transcurso de la pandemia.
Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la CABA ordenó la creación del Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas en el ámbito de su dependencia y determinó acciones complementarias para la distribución de equipos tecnológicos.
«La recusación es un abuso de las herramientas procesales que usa el gobierno para impedir la ejecución de una medida dictada hace un mes», expresó Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad –ODC-, una de las entidades promotoras del amparo.
Las medidas precautorias, solicitadas por un grupo de organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentran el ODC, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (Clic), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Frente Salvador Herrera, Acij) y organizaciones sindicales docentes, habían sido emitidas por Andrés Gallardo el pasado 8 de junio. En esa sentencia se le brindaba al Gobierno porteño un plazo de cinco días a fin de implementar un registro de estudiantes y un organigrama de entrega de los equipos, e instalar wifi en los barrios de emergencia del territorio porteño.
Semanas posteriores, el letrado argumentó que «el GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente en el presente amparo colectivo». Y subrayó que «en lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos… se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso (cuadernillos) que se habría entregado a los alumnos y alumnas, sin dar respuesta concreta a los reclamos formulados por los amparistas».
Frente al incumplimiento, determinó la creación del Registro y pidió a las organizaciones presentadas como co-actores, que «actúen como intermediarios en la recepción y elevación al Registro de las solicitudes de entrega de equipos informáticos, formuladas por miembros de la comunidad». Después de esta resolución, la administración de la Ciudad recusó al magistrado por segunda vez en el proceso judicial.
“La recusación no obstaculiza que lo que ordenó el juez se cumpla. La recusación no revoca la sentencia de Gallardo. El Registro, al que se enviaron más de cien solicitudes, está vigente, aunque ahora quedó en manos de otro tribunal», confirmó Baldiviezo, aunque en los hechos esto podría significar dilatación de plazos en su implementación. Frente a esta posibilidad, sostuvo que «no se puede equiparar, como pretende el Gobierno porteño, la continuidad pedagógica de quienes tienen internet y computadoras con quienes reciben un cuadernillo impreso».
