El magistrado Pablo Casas se expresó acerca de la puesta en práctica de los principios de Estado Abierto en su tribunal mediante las nuevas herramientas digitales y el usuario de la red social Twitter del juzgado número diez en lo Penal, Contravencional y de Faltas, pionero en materia de Justicia Abierta, que ya contabiliza más de cuatro millones de visualizaciones.
El día treinta de septiembre, en el encuentro online «Justicia 5.0. Innovar a través de herramientas de diseño y comunicación», transmitido por el Canal de YouTube del Centro de Formación Judicial, el magistrado Pablo Casas, titular del juzgado número diez en lo Penal, Contravencional y de Faltas, compartió la experiencia digital de su juzgado con la ciudadanía y capacitó en relación a la perspectiva de género y la importancia del lenguaje claro y sencillo en la Justicia a efectos de brindar un óptimo servicio.
En primer lugar, el juez se pronunció sobre los factores externos e internos que llevan a que esté instalada una percepción pública de que «el Poder Judicial como poder del Estado no estaría dando respuestas satisfactorias». «Nosotros no nos sentíamos parte de esas críticas que se le hacían al Poder Judicial respecto a los privilegios de trabajar en la Justicia con nuestros regímenes laborales, ni por las noticias que surgen de los poderes judiciales que marcan la agenda pública, como pasa con Comodoro Pi o la Justicia Federal, que no reflejan la actividad de los poderes judiciales locales ni la mayoría de la tramitación de los casos, pero igualmente afectan la percepción de las personas sobre el Poder Judicial respecto a su eficacia y eficiencia”, explicó.
«En esa búsqueda de solucionar ese dilema entraron nuestros principios de Estado Abierto, que los hacemos parte de la gestión y de la actividad del juzgado para poder lograr nuestro objetivo de un canal mucho más cercano a las personas, sean usuarias en los casos que tramitan en el juzgado, de otros organismos del Estado o de la comunidad toda. Estos principios son la participación, la accesibilidad, los datos abiertos, la rendición de cuentas, la innovación, la perspectiva de género, la co-creación y la transparencia», dijo.
El experto en derecho penal, contó que en su juzgado intentaron «medir qué, quiénes, cuánto, cómo y en cuánto», en rigor, abrieron una cuenta en la red social Twitter, «donde comenzamos a transparentar, rendir cuentas y mostrar qué hacíamos, y medir cuántas cosas se resuelvan, qué tipo de casos». «La información que está siendo producida en el juzgado está pasando por más 4 millones de personas y pantallas, lo que documenta un éxito en este ejercicio de transparencia activa, no esperar a que las personas se acerquen a solicitar información sino ponerla a disposición», afirmó.
«Por otro lado, nos dimos cuenta también que teníamos que ser mucho más claros y claras al momento de hablar, hay una terminología y una forma en el uso del lenguaje judicial que no es accesible», ahondó.
«Al poco tiempo de estar en este proceso de planificación estratégica, de documentación y elaboración de manuales de procedimiento, y al analizar al atención al público: «Nos dimos cuenta que había muchas personas que asistían a la mesa de entrada con la cédula que le enviamos de notificación, que era la citación al proceso de faltas que tiene la particularidad en la Ciudad de Buenos Aires de ser un proceso que no requiere la presencia de un abogado o abogada. Con lo cual, eso conformaba la mayoría de los casos porque tiene que ver con actividades comerciales, cuestiones de tránsito u obras. Y las personas que recibían la cédula nos preguntaban qué tenían que hacer porque no entendían. Entonces cuando leímos la cédula nos dimos cuenta que estaba escrita en judicial», subrayó.
«La idea es cómo se puede escribir de una forma mucha más sencilla, que se entienda y cumpla con el objetivo que es notificar a una persona que tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para que se le resuelva la cuestión», soslayó el magistrado.
«Lo primordial que tiene que incluir cualquier política de Lenguaje Claro: el abandonar el lenguaje andocéntrico, el cual aporta al sostenimiento de privilegios y asimetrías que generan violencia e impiden la visibilización de otras personas que no son varones, o no se perciben como mujeres». Comentó además que todo este repensamiento está traducido en una base de datos del juzgado, y admitió «estar todavía lejos de lograrlo». «Nos cuesta cada vez que escribimos porque son cuestiones muy arraigadas y que tenemos naturalizadas», remarcó.
Para finalizar, dijo que «Entonces más allá de la obligación convencional que tenemos de aplicar la perspectiva de género en estos casos, nosotros no lo dejamos exclusivamente al momento de decidir en una causa, sino que lo hacemos parte de la gestión de toda la política del juzgado».
