«El amianto es peligroso porque pone en riesgo la salud de trabajadores, estudiantes y docentes, y de la ciudadanía en general. Es necesario un relevamiento de los edificios públicos y que cuando se detecte asbesto se establezca una mesa multisectorial de seguimiento”.
En colegios públicos y coches del subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una misma noticia originó preocupación en los últimos tiempos: la detección de asbesto o amianto, un elemento cancerígeno que está totalmente prohibido. Frente al “desmanejo” del tema por parte del ejecutivo porteño, un equipo de organizaciones dió lugar a una acción de amparo colectivo solicitando “una política pública de descontaminación de asbesto/amianto en los edificios públicos de la Ciudad”.
De esta forma fue viralizado desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El organismo recordó que el año anterior se intentó sacar una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, distrito escolar 4, “Carlos Della Penna” en pleno ciclo lectivo, con los perjuicios que ello implicaba. En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad sacó otra caldera con asbesto en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas sin dar participación a la Agencia de Protección Ambiental y sin notificar a la comunidad educativa lo que originó serios conflictos. Esto se adiciona a que los móviles que adquirió para el subte el actual presidente saliente, Mauricio Macri, cuando era Alcalde de la Ciudad en 2011 contenían ese elemento cancerígeno. Los empleados recientemente se enteraron de la presencia de asbesto en el mes de febrero de 2018 con la primicia de los casos de España, y hasta el día de hoy se sabe de 13 empleados con su salud deteriorada por esta sustancia .
“Por estos motivos, se ha solicitado a la justicia que ordene al GCBA la creación de una Política Pública de Descontaminación de Asbesto/Amianto en los edificios públicos de la Ciudad implementando un Relevamiento exhaustivo, un Plan y Cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto, un Plan de Contingencia y de Seguridad, un Plan de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una Mesa Multisectorial, y un Protocolo de Salud para el seguimiento de las personas expuestas”, peticionaron quienes detentan la acción colectiva, que fue presentada por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), con la representación de la Coordinadora Inga. María Eva Koutsovitis; el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a cargo de su presidente Jonatan Baldiviezo; Integrantes de la comunidad educativa IES de Lenguas Vivas; Miembros de la Asociación Cooperadora Lenguas Vivas JRF; Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Infantil N° 08/04; CTA Autónoma Capital, a cargo de su Secretario General, Sr. Pablo Spataro; Delegados Gremiales de ATE del Hospital Durand; CONADU Histórica, liderada por su Secretaria adjunta, Sra. Claudia Baigorria; y Unidad Popular CABA, a cargo de su referente Claudio Lozano.
El expediente judicial fue caratulada como “Koutsovitis, María Eva y otros c/ GCBA s/ Amparo – Ambiental”, Expte. N° 11543/2019-0, y se encuentra tramitando en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 14, cuyo titular es el Magistrado Fastman.
«El amianto es peligroso porque pone en riesgo la salud de los trabajadores, de los estudiantes y docentes, y de la ciudadanía en general. Por eso es necesario un relevamiento de todos los edificios públicos, y que cuando se detecte asbesto se establezca una mesa multisectorial de seguimiento. Y un plan de contingencia en el mientras tanto, porque hasta que se remueve pasa tiempo y hace falta un control permanente. Si hay peligro, hay que hacer un sellamiento o bloqueo del sector, es decir, tiene que haber medidas preventivas de seguridad hasta la remoción», explicó Baldiviezo a Página 12. Y agregó: “La Agencia de Protección Ambiental (APRA) debería intervenir desde el minuto uno, y eso no ha sucedido. Que no haya intervenido en el Lenguas Vivas es muy grave. Sólo después de los reclamos de la comunidad educativa el APRA hizo controles e informes. Está funcionando más como un organismo de contralor que estableciendo de forma activa políticas ambientales».
