Luego de la salida de la cartera nacional de 31 líneas de circulación local convenido a principios de septiembre, se simplificaron a la vez las pautas para actuar como oferta de la actividad.
En tanto, el Gobierno nacional oficializó hoy lunes la transferencia de competencias de 31 líneas de colectivos que circulan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el acuerdo suscrito a principios de septiembre por el presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno de la Ciudad, comprenderá el control y la administración, como así también la potestad de fijar tarifas y los recorridos.
Por otra parte, el Decreto 830/2024 publicado hoy en la edición del Boletín Oficial (BORA) dio paso a la simplificación del régimen normativo específico para la prestación de los Servicios de Transporte de Oferta Libre de Pasajeros orientado a propiciar una «mayor desregulación en materia de prestación y operación, promoviendo de ese modo un mayor nivel de competencia».
A partir de este lunes y en consonancia con lo acordado días atrás entre Nación y Ciudad, el distrito porteño asumirá la administración total de 31 líneas de colectivos mediante la gestión, definición de recorridos, frecuencias y tarifas. Asimismo, la cartera de Transporte nacional dejará librar partidas de subsidios que pasarán a ser sostenidas por las arcas locales.
Al mismo tiempo, en relación a los beneficios de cobertura, se mantendrá el programa Red SUBE en todas las líneas interjurisdiccionales (es decir, las que cruzan CABA y PBA), además de sostener la Tarifa Social en toda la Argentina, con descuentos del 55% para los 5,3 millones de personas alcanzadas.
En referencia a los servicios de oferta libre, la Secretaría de Transporte nacional precisó que serán los transportistas y las empresas quienes podrán determinar la cantidad de servicios, recorridos y tarifas; al igual que la forma la oferta al pasajero, «debiendo dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros».
Por otra parte, en el caso de las compañías que se encuentren prestando servicios públicos urbanos, que inicien y terminen sus recorridos en CABA, podrán continuar operando con los permisos otorgados oportunamente por el Estado Nacional hasta que la administración de la Ciudad, en ejercicio de su exclusiva competencia, determine los distintos aspectos de la regulación.
