La Justicia decidió el desalojo para el próximo 31 de octubre, lo que implicaría “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”, de acuerdo a loinformado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
Actualmente, las más de 100 familias que viven en una fábrica abandonada en los 90s (y convertida en viviendas) en Parque Patricios realizaran una vigilia ante el inminente desalojo de edificio. Unidos en la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, convocan a un festival artístico y vigilia hoy a la tarde, ante la medida judicial que se realizará el próximo 31 de octubre.
Por otra parte, las familias explicaron que “se trata de un espacio donde funcionaba una fábrica que quebró en los 90s y fue recuperado y destinado para viviendas en 2002, luego de ser acondicionado por las propias familias conocidas bajo el nombre de Casa Santa Cruz. En 2010 el edificio fue rematado y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro, e inició un juicio de desalojo”.
De acuerdo al propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad el operativo puede implicar “una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años”.
“Informamos sobre una nueva resolución del juez (Fernando Cesari), en la que notificó que no se suspende el desalojo, que indefectiblemente empieza el 31 de octubre”, comentó Rosa Herrera, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que patrocina a las familias que se reunieron en el Obelisco para escuchar las novedades de la situación.
De acuerdo a la resolución dictada por el juez Cesari, el desalojo puede ser de forma “escalonada” y se autorizó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de considerarlo adecuado.
Por otro lado se consignó que la nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña ante el asesor tutelar de la justicia porteña, Gustavo Moreno.
Asimismo, la cartera de Seguridad advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” debido a “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”.
Por otro lado, consideró que “llevar adelante la medida afectaría la seguridad general de la Ciudad” debido a que se emplearían mil efectivos de la policía local.
“No se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan, toda vez que no es esperable que sea un desalojo pacífico por el tiempo que llevan habitando las familias y por observarse cierta politización del espacio usurpado, sumado a la traumática situación que representa la cantidad de menores que se relevaron”, indica la nota.
Asimismo, el jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado Civil N° 60.
«Se pretende desalojar a 350 personas, de las cuales en su mayoría son jefas de hogar, niños y adolescentes. Hace 20 años que viven allí, es una fábrica que había cerrado por una quiebra y en una subasta pública la compró un señor con la gente adentro. La Ciudad sabe de esta situación y no garantiza el derecho a la vivienda de la gente», comentó Herrera.
La abogada informó que presentaron un amparo en el Juzgado del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N° 17, secretaría 34, de la Ciudad de Buenos Aires para “garantizar la vivienda digna de las familias”, pero el juez Marcelo Segon «aún no se expidió de forma definitiva sobre el tema».
“El Poder Judicial es funcional a los negocios inmobiliarios, a la expulsión de las familias de trabajadores de Parque Patricios donde ya tienen su entramado social”, afirmó Herrera.
En tanto, el edificio situado en Santa Cruz 140 era anteriormente “la fábrica Selsa, que en su momento era la fábrica de toallas más grande de Sudamérica, y en los ‘90 quebró”, expresó Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que acompaña la lucha de las familias afectadas.
