La diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque Frente de Todos, titular de la Comisión de Promoción Social e miembro de Educación, Sra. Laura Velasco, presentó un proyecto de ley para que el ejecutivo capitalino brinde explicaciones sobre por qué recortó las propuestas educativas -carga horaria, transporte escolar y servicio de comedor- destinadas a estudiantes y estudiantes con discapacidad mayores de veintidós años.
“Esto vulnera el acceso a la educación de cientos de estudiantes con discapacidad, porque impide el acceso a una formación permanente y, consecuentemente, dificulta el ingreso al mundo laboral, lo que genera mayor exclusión, discriminación y falta de espacios para la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos insistiendo en que la educación pública en la Ciudad debe ser para todos y todas”, indicó la legisladora porteña, quien hace algunos días tuvo una reunión con las familias de los damnificados para articular y acompañar su reclamo, y le planteó de forma personal la situación a la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, durante la última reunión de la comisión de Educación.
La decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afecta a unos seiscientos estudiantes que asisten a trece colegios especiales para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, en los que se ofrece formación laboral e integral.
En la actualidad, en lugar de cursar de lunes a viernes en jornada completa, existe un nuevo esquema que contempla una cursada de tres horas en tres días de la semana, lo que ocasionó una inmediata deserción de muchos jóvenes y adultos, al alterar la rutina que venían desarrollando miles de familias. A esto se adiciona un fuerte ajuste en el servicio de comedor desde el año dos mil quince que ahora, al cursar únicamente tres horas diarias, se profundiza, dado que los estudiantes reciben apenas una colación.
Durante el ciclo lectivo dos mil veintiuno les habían suprimido el transporte escolar, lo que presionó a muchos jóvenes y adultos a abandonar sus estudios debido a que no contaban con otros medios para asistir al colegio. A su vez, hasta el año pasado podían recibir formación hasta los treinta años; en el año en curso, lo limitaron a los veintidós.
Conforme el último estudio impulsado por la Dirección General de Estadística y Censos y COPIDIS, cuatro de cada diez personas con discapacidad expresan que existen barreras en su inclusión educativa. La ausencia de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la más significativa, lo que representa un ochenta y seis coma nueve por ciento de las respuestas, le siguen las actitudes discriminatorias, que alcanzan el cincuenta y uno coma tres por ciento y falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional , que arroja el veintiocho coma nueve por ciento. Los datos arrojan paralelamente que el ochenta y tres coma seis por ciento de las personas requiere personal especializado -Acompañante Personal No Docente o Maestro Integrador-.
El pedido de informes signado por la legisladora de la Capital Federal, Laura Velasco a su vez interroga sobre el presupuesto destinado a las Escuelas para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral para los años dos mil veintiuno y dos mil veintidós; las propuestas educativas que existen hoy día para estudiantes mayores a veintidós años con discapacidad; si hay un plan para crear nuevos espacios educativos y qué acciones orientadas a una salida laboral de estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad se estuvieron/están realizando.
