La entidad Correpi presentará un informe anual sobre la situación represiva en la República Argentina. El evento tendrá lugar durante la jornada de hoy alrededor de las diecisiete horas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. La representante legal, María del Carmen Verdú, expresó que los casos de gatillo fácil aumentaron “en relación a dos mil diecinueve o dos mil dieciocho por la enorme cantidad de muertes en lugares de detención”.
En el día de hoy la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional –Correpi- expondrá a las diecisiete horas en la Plaza de Mayo su «Informe sobre la situación represiva nacional» en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus junto a un documento con casos actualizados.
Antes de la exposición, la letrada y referente de la coordinadora, María del Carmen Verdú, anticipó a la prensa local que si bien esperaban no tener casos de gatillo fácil en un escenario como el del contexto de la pandemia por el coronavirus, donde descendió la circulación de personas en situación de calle, «se mantuvieron los números y creció la cantidad de hechos anuales en relación a dos mil diecinueve o dos mil dieciocho por la enorme cantidad de muertes que ha habido en lugares de detención».
«Insistimos sobre la agenda urgente antirrepresiva», esbozó y continuó que de las medidas sanitarias asumidas por los distintos gobiernos «lo que se hizo en ese período fue empoderar y ampliar las facultades y los recursos de las fuerzas de seguridad». «En lugar de escuchar los reclamos de los familiares de las personas privadas de su libertad, lo que tuvo más potencia fue la campaña de la ultraderecha con liberación masiva de presos y se terminaron muriendo 400 personas por año en una cárcel», expresó la abogada.
Posteriormente, refirió que «arrancamos diciembre de dos mil diecinueve con un presidente (Alberto Fernández) que, por primera vez al asumir el gobierno, en un hecho histórico, dijo ‘hay que terminar con la lógica del gatillo fácil y la del disparo por la espalda’ y eso abrió expectativas entre familiares de víctimas que llevan treinta años peleando».
Desde la Coordinadora hicieron hincapié en algunas medidas del gobierno nacional como la derogación de los «Protocolos (Patricia) Bullrich», la prohibición a la policía de seguridad aeroportuaria de llevar el arma reglamentaria y la derogación del protocolo para detención de personas del colectivo LGTBIQ+. No obstante, alertaron sobre los «retrocesos» registrados en el contexto de la pandemia por covid-19.
En esa dirección, Verdú ahondó que los casos de gatillo fácil se reducirían un cincuenta por ciento si se les sacara a todas las fuerzas de seguridad el arma reglamentaria cuando están de civil, porque «más de las mitad de los casos los canas están de civil, cuando están de franco o cuando están como los de la brigada que asesinó a Lucas González», concluyó.
