Nueve policías de la Ciudad fueron apresados porque se los acusa de formar parte de una asociación ilícita. Entre los sospechados se encuentra un excomisario. Son acusados en un caso de presunta corrupción, drogas, sobornos y aprietes en la Policía porteña.
Un expediente hasta el momento envuelto en un manto de silencio sorprende a la Policía Porteña y a toda la sociedad. Los imputados son acusados de corrupción, drogas, sobornos y aprietes. Nueve policías, que incluyen a un excomisario inspector, se encuentran apresados bajo sospecha de haber formado parte de una asociación ilícita “destinada a cometer indeterminadas conductas delictivas, en particular mediante la interceptación de motocicletas en la vía pública, en medio de controles policiales, y el amedrentamiento a sus conductores hasta lograr apropiarse de las sumas de dinero que llevaban consigo”. Paralelamente se encuentran acusados por cobrar coimas a comercios del barrio porteño de Palermo “a cambio de protección”. Según consta en la denuncia, aquellos que no cerraban trato con los policías, se enfrentaban a “clausurar los locales o levantar los puestos que no querían arreglar”.
La situación fue denunciada en primera instancia por el periodista Néstor Espósito en el periódico cooperativo Tiempo Argentino. La causa se encuentra a cargo del magistrado en lo Criminal y Correccional Manuel de Campos, y se encuentra bajo secreto de sumario.
Conforme fuentes investigativas, dentro de la cúpula de la dependencia policial 1 C de la Policía Porteña, ubicada en la Avenida San Juan al 1757, con jurisdicción en el barrio porteño de San Telmo, existía una presunta asociación ilícita coordinada por el comisario Diego Morano, el subcomisario Juan Marcelo Castro, los oficiales primeros Javier Tapia Núñez, Diego Wilfrido Araujo, Leonardo Patricio Segovia y Cristian Marcelo Valdez, y los oficiales mayores Julio César Benítez, Emilio David Falcón y Carlos Alberto Pomo.
“Al comisario Morano se le endilgó ser el jefe de la asociación criminal y, por tanto, quien daba las directivas a los miembros, mientras que al subcomisario Castro se le reprochó la calidad de organizador, a cargo del diseño de un plan para cobrar dinero a los comerciantes de la zona. En el caso de Tapia Núñez, Araujo, Segovia, Valdez, Benítez, Falcón y Pomo les fue imputado el rol de miembros de la organización, ejecutores de las órdenes que impartían los cabecillas”. Los integrantes de este grupo “simulaban controles policiales para detener a personas sin justificación alguna y exigirles dinero”.
Las víctimas son las denunciantes, y la investigación se encuentra a cargo de la Policía Federal. “Quien se aprovecha de un cargo para someter al prójimo y despojarlo de sus posesiones la lesiona por todo el bien que deja de hacerse y el mal que suma a esa miseria”, expresaron los magistrados Ignacio Rodríguez Varela y Mauro Divito, al momento de ratificar los procesamientos de los funcionarios de la fuerza porteña.
